Policía Morelos pierde fuerza en juicio contra detenidos de Yautepec

Por Leticia Villaseñor

Zacatepec, Mor., 10 de octubre.- Por segunda ocasión la audiencia de vinculación a proceso por portación de armas de uso exclusivo del Ejército contra 18 imputados fue diferida, debido a que una de las abogadas defensoras presentó elementos probatorios de último minuto a la Procuraduría General de la República que no fueron analizados.

El grupo de imputados fue detenido por la Policía Morelos en un cateo realizado en un rancho del municipio de Yautepec, oriente del estado, en marzo pasado, pero la juez federal del caso decidió posponer la audiencia para el 8 de noviembre a las 13:00 horas.

El proceso de los imputados registra contratiempos como que la mayoría de los policías estatales que realizaron la detención no se presentaron a declarar y uno que sí acudió no reconoció a los imputados durante el interrogatorio, tampoco dio detalles de la posesión ni disposición de las armas.

La Comisión Estatal de Seguridad fue señalada de entorpecer el proceso en la primera audiencia por parte de la defensa, y en una segunda audiencia la CES aplicó la misma estrategia, al decir a la jueza que los oficiales no acudieron porque “tenían diarrea”.

La defensa pidió llamar a los uniformados mediante la fuerza pública para confrontar su dicho con los de sus clientes. La jueza ordenó nuevamente notificar a los policías para su comparecencia, la audiencia continuó por 16 horas y la declaración de 25 personas, pero nunca aparecieron los 18 oficiales, sólo cinco de ellos.

La defensa de los 18 imputados se divide en tres abogados para 16 de ellos y otro para los dos restantes, éstos últimos promovieron un juicio de amparo que no se ha resuelto. Además una de las abogadas de estos imputados entregó documentos probatorios a la PGR anoche, por los que la dependencia no ha realizado el descubrimiento de las mismas para hacer su análisis.

Además de esto, cuando la jueza del Centro de Justicia Penal Federal, Karla M.O. difirió la audiencia, leyó un documento, entregado al inicio de la audiencia pero al que dio lectura al final de ésta, donde los imputados revocaron a su abogado defensor como tal.

La otra defensa cuestionó el proceder de la impartidora de justicia ante lo que consideró dilación del proceso ya que entonces todo lo expuesto por su homólogo quedó sin efecto, la jueza sólo atinó a decir que el documento se lo entregaron al inicio de la audiencia pero que leyó (sin dar razones) al final de la misma.

La juez recriminó a la abogada que quedó a cargo de la defensa de los dos imputados, puntualizó que en la siguiente audiencia, si es que hay cambios de nuevo, éstos deben realizarse con antelación. “No podemos seguir jugando así”, fue la llamada de atención.

La defensa de los otros 16 imputados lamentó lo que considerado un proceso viciado. “Son chingaderas”, expresó la abogada.

El pasado 4 de marzo, el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo (C5) recibió una “denuncia anónima” sobre un convoy de camionetas con personas armadas sobre la carretera local Yautepec-Tlaltizapán, a la altura del crucero de Ticumán.

A decir de uno de los policías, varias patrullas realizaban un operativo en la zona, entre estas las unidades 00598 y 00125. Al escuchar el reporte se dispusieron a buscar a los “sospechosos”.

Los vehículos sospechosos salieron de un camino de terracería y se incorporaron a la carretera por donde ellos circulaban, con dirección a municipio de Tlaltizapán. Según la declaración de los policías, de las ventanas de las camionetas sobresalían diversos cañones de armas largas y se inició una persecución.

Al marcarles el alto, los ocupantes de cinco vehículos no opusieron resistencia alguna y permitieron una revisión, a pesar de que, según la versión oficial, les hallaron nueve armas de fuego y 359 cartuchos útiles de diversos calibres.

Durante la primera audiencia de vinculación, la jueza desechó los cargos por delincuencia organizada al no acreditarse tal los delitos se redujeron sólo a portación de arma de uso exclusivo del Ejército, la medida de prisión preventiva fue revocada y los imputados enfrentan el proceso en libertad, so pena de que de no acudir a las audiencias ésta medida puede hacerse efectiva. Durante la audiencia de esta tarde en los juzgados federales acudieron 17 de los 18 imputados.

En mayo pasado, al conocerse esta decisión, el comisionado estatal de Seguridad, Jesús Alberto Capella Ibarra se mostró indignado y preocupado, a través de un video que “colgó” en redes sociales. “Aprovechando esta lamentable circunstancia que nos indigna, es concientizar a nuestros legisladores federal y se busque una solución inmediata a las deficiencias jurídicas que lamentablemente prevalecen en el nuevo sistema de justicia penal. El nuevo sistema de justicia puede provocar impunidad, un incremento en la incidencia delictiva y un profundo desánimo y descontento social”, dijo.